En las últimas semanas se ha debatido la posibilidad de que el Gobierno impulse, vía decreto, mayores obligaciones para que la banca privada invierta en proyectos agrícolas.

La propuesta ha generado posiciones divididas entre economistas, gremios financieros y analistas del sector. La pregunta clave no es solo si es buena o mala medida, sino qué implicaciones tendría para la estabilidad financiera, el crédito y la gestión del riesgo en Colombia.

¿Qué buscan este tipo de medidas?

El objetivo principal es fortalecer el sector agropecuario, mejorar el acceso al crédito rural y dinamizar la economía productiva.

El agro históricamente ha enfrentado:

• Bajo acceso al crédito formal
• Altos niveles de informalidad
• Dificultades de garantía
• Mayor percepción de riesgo

Desde la perspectiva gubernamental, incentivar —o exigir— mayor participación del sistema financiero en este sector podría impulsar desarrollo regional, inclusión financiera y crecimiento productivo.

¿Qué dicen los expertos?

Las opiniones se dividen en dos grandes bloques:

🔹 Postura favorable

Algunos economistas consideran que:

• El crédito dirigido puede cerrar brechas históricas.
• El sector agro tiene potencial productivo subfinanciado.
• Una mayor colocación en el campo puede dinamizar empleo y exportaciones.

Además, Colombia ya ha utilizado esquemas de crédito de fomento en el pasado, especialmente a través de entidades públicas como Finagro.

🔹 Postura crítica

Otros analistas advierten riesgos importantes:

• Obligar a la banca privada puede afectar la asignación eficiente del capital.
• Si no se gestiona correctamente el riesgo, podría aumentar la cartera vencida.
• Las decisiones crediticias deben basarse en análisis técnico, no en presión regulatoria.

El sistema financiero opera bajo principios de evaluación de riesgo, solvencia y sostenibilidad. Si se altera ese equilibrio, podrían generarse efectos secundarios como:

• Aumento en tasas de interés.
• Restricción de crédito en otros sectores.
• Impacto en la estabilidad financiera.

¿Es bueno o malo para el país?

No es una respuesta blanco o negro.

El impacto dependerá de:

• Cómo se estructure la regulación.
• Si existen garantías estatales o mecanismos de mitigación de riesgo.
• La calidad de la evaluación crediticia.
• El acompañamiento técnico al sector agro.

El crédito agrícola puede ser una gran oportunidad, pero requiere herramientas adecuadas de análisis, trazabilidad y gestión.

El verdadero reto: gestión del riesgo y tecnología

Más allá del debate político, el foco técnico está en otro punto:

¿Cómo asegurar que el crédito agrícola sea sostenible?

Aquí entran factores clave como:

• Scoring adaptado a realidades rurales.
• Integración con centrales de riesgo.
• Digitalización documental.
• Trazabilidad en la originación.
• Gestión eficiente de cartera.

La inclusión financiera no puede depender únicamente de decretos. Necesita estructura, datos y tecnología.

¿Qué implica esto para cooperativas y entidades financieras?

Las cooperativas y entidades del sector deben prepararse para:

• Ajustar modelos de evaluación.
• Fortalecer su gestión de cartera.
• Digitalizar procesos para reducir riesgo operativo.
• Tener mayor visibilidad en tiempo real de su exposición sectorial.

Un entorno regulatorio cambiante exige madurez tecnológica y capacidad de adaptación.

Obligar a la banca privada a invertir en proyectos agrícolas puede generar inclusión y desarrollo, pero también plantea retos técnicos y financieros.

El verdadero diferencial no estará en la norma, sino en la capacidad de las entidades para gestionar el riesgo con inteligencia, datos y procesos estructurados.

En el sector financiero, la sostenibilidad no depende solo de la intención. Depende de la ejecución.

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